Los retos en la iniciativa pública local de las comunidades energéticas

Resumen

Las comunidades energéticas son una figura muy novedosa que permite la colaboración público-privada en proyectos energéticos y abre la posibilidad de participación de nuevos actores en el sector eléctrico. Aunque las directivas (UE) 2018/2001 y 2019/944 identifican a las autoridades locales, incluidos los municipios, como socios de pleno derecho de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, y también lo hace su transposición en el artículo 6j LSE, esta participación genera dudas a la hora de hallar su encaje en nuestro ordenamiento jurídico sin una actualización normativa ad hoc. Los principales retos con que se encuentran las administraciones locales para impulsar y desarrollar comunidades energéticas son la habilitación de la Administración local para poder impulsar proyectos energéticos y participar en actividades económicas, en la aportación o cesión de las cubiertas, terrenos o instalaciones de titularidad municipal a una tercera entidad jurídica y en la elección de los vehículos jurídicos adecuados para la implementación de una comunidad energética de iniciativa pública local que conjugue la participación de la ciudadanía con la de la Administración. Todos estos retos no pueden convertirse en desincentivos para poder explorar las nuevas oportunidades que las comunidades energéticas pueden generar a la ciudadanía, si bien es cierto que hasta que no exista un marco normativo ad hoc, las administraciones públicas locales deberán encontrar formas específicas para desarrollar, conjuntamente con la ciudadanía y otros actores privados, el impulso y la aplicación de las comunidades energéticas renovables, lo que comportará, indudablemente, cierta flexibilidad normativa en su aplicación.