L'anihilació de la República del general Franco i l'administració de justícia de Catalunya (1936-1939)

Resumen

Las fuerzas de seguridad y los tribunales de la Segunda República Española contuvieron el orden público, con dificultades, pero lo consiguieron. A pesar de ello, una parte mayoritaria del estamento militar perpetró un golpe de estado, con el apoyo de una minoría social, que tenía como objetivo impedir que el Gobierno del frente popular, que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936, arraigara y llevara a cabo una política reformadora y de modernización social y económica, en detrimento, según argumentaban, de las clases que históricamente habían ostentado el poder. Los colpistas justificaron el golpe de estado con la ausencia de seguridad y orden público, y el temor a la revolución social, pero los hechos desmienten estas invocaciones. La rebelión no triunfó, lo que definió dos territorios: el leal y el rebelde. Los militares empezaron a edificar un estado, derogando tácitamente la Constitución de la República y creando un ordenamiento jurídico paralelo, siempre con el uso indiscriminado de la violencia, un rasgo consustancial al franquismo. También nombraron jefe de gobierno al general Franco, que desprués se invistió jefe de estado, hasta hacer una dictadura personalista que se prolongó hasta 1975. El dictador destruyó toda la obra legislativa republicana y la obra jurisprudencial de los tribunales. Liquidó e invalidó desde el Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932 hasta la jurisprudencia del Tribunal de Casación. En 1939 la realidad política catalana era igual que durante la monarquía alfonsina y el derecho civil catalán era idéntico al que se había promulgado en el capítulo de corte lXXXII, celebrado en Barcelona en 1702.