Una propuesta para evitar los litigios entre administraciones públicas antes de la jurisdicción contenciosa

Resumen

El artículo tiene por objeto establecer un instrumento y definir un procedimiento que permita la resolución de litigios y controversias entre diferentes administraciones públicas antes de la interposición de un recurso contencioso administrativo (Administración estatal, Administración autonómica y especialmente Administración local), mecanismo que también puede servir para resolver o evitar los incidentes de ejecución de sentencias que se hayan dictado en litigios entre administraciones. Tomando como punto de partida la previsión del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en lo que se refiere a los conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado por temas competenciales, y el mecanismo institucionalizado existente y que ha funcionado en las dos últimas décadas, y analizando el fracaso del requerimiento previo considerado en el artículo 44 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se formula una propuesta concreta de procedimiento de resolución de conflictos, de carácter obligatorio, regida por el principio antiformalista, y que aposta por la virtualidad y la tramitación electrónica, por respeto a los principios de celeridad y eficacia y de simplificación administrativa. La propuesta concreta culmina con la definición de un procedimiento específico y la introducción de una serie de modificaciones normativas que deberían permitir la implantación de este sistema de resolución de conflictos, básicamente de la Ley Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y la Ley reguladora de las bases del régimen local.