Límites y alternativas al sistema de contratación pública para la provisión de bienes y servicios a las administraciones públicas. Adquisición de medicamentos, servicios sociales y servicios jurídicos de representación y defensa

Resumen

La búsqueda de fórmulas alternativas a la contratación pública para una provisión más ágil de servicios a las administraciones públicas ha sido objeto de debate desde la transposición de las directivas europeas de contratación pública, que propugnan un sistema de contratación pública más eficiente, transparente, sostenible y socialmente responsable. La Ley de contratos del sector público resulta excesivamente rígida y burocrática para poder hacer frente a nuevas necesidades y a situaciones cambiantes, como se ha puesto de relieve en relación con la provisión de medicamentos o de servicios sociales. Otro ámbito donde se ha producido este debate ha sido el de los servicios de representación y defensa jurídica de las administraciones públicas —es decir, los servicios de abogacía— cuando no pueden ser provistos mediante medios internos. En estos servicios, la inmediatez, la relación de confianza entre abogado y cliente y la necesidad puntual de servicios muy especializados dificultan la sujeción a procedimientos diseñados para un sistema basado en la planificación, el predominio de criterios objetivos de adjudicación y el cumplimiento de plazos regulares. El objetivo de este artículo es realizar una propuesta dirigida al legislador catalán en este sentido, teniendo en cuenta tanto los posicionamientos doctrinales y de los órganos consultivos expertos en contratación pública, así como también la STC 65/2024.